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La fiscalía, la Liga y el Deportivo, unidos contra el archivo del presunto amaño del Levante-Zaragoza

Gabi, uno de los jugadores de aquel partido
Gabi, uno de los jugadores de aquel partido / LP

Las tres partes preparan sus recursos tras el sobreseimiento del Levante-Zaragoza y la Audiencia Provincial tendrá la última palabra

Alberto Martínez de la Calle
ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLEValencia

Las reacciones no se han hecho esperar. Después de que la juez Isabel Rodríguez decretara el archivo provisional del presunto amaño del Levante UD - Zaragoza de 2011, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares ya han puesto en marcha la maquinaria con la idea de recurrir ante la Audiencia Provincial. El plazo para apelar es de cinco días hábiles, por lo que expira el próximo lunes. En el auto de sobreseimiento, la magistrada se mostró contundente al considerar «muy endebles» los indicios que relacionaban los movimientos económicos de los futbolistas de ambos equipos.

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Anticorrupción, en su día, puso en marcha las pesquisas tras una denuncia de Javier Tebas, presidente de la Liga. Ahora la Fiscalía se siente desconcertada por el archivo de la investigación, ya que entiende que existen indicios suficientes para abrir juicio oral. Así, va a presentar un recurso en los próximos días.

Una de las claves de la fase de instrucción fue que, durante los días previos al partido, el Zaragoza transfirió 965.000 euros a las cuentas bancarias del director deportivo, el entrenador y nueve jugadores de la entidad aragonesa. Según la Fiscalía, los dirigentes del club maño y los capitanes acordaron entregar esta cantidad a los jugadores granotas a cambio de que perdieran.

Durante las declaraciones celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, se produjeron contracciones entre los dirigentes y los futbolistas del Zaragoza a la hora de explicar el destino del dinero. Agapito Iglesias y Javier Porquera, expresidente y exresponsable financiero del club aragonés, respectivamente, indicaron que se trataba de primas por la permanencia del equipo. En cambio, el entonces capitán, Gabi Fernández, afirmó que extrajo el dinero y se lo devolvió al máximo mandatario para sufragar el desplazamiento de la afición a Orriols.

La Fiscalía sostiene que estas circunstancias, unidas a la disminución de los gastos de los futbolistas del Levante durante el verano de 2011, deberían haber empujado a la juez a dictar un auto de procedimiento abreviado. Una posición muy diferente a la de la magistrada.

«No ha quedado acreditado el destino dado a dicho dinero, y menos aún que se entregara a los jugadores del Levante para dejarse ganar en el partido con el Zaragoza», argumentó la juez en el auto del pasado lunes. La actividad de las cuentas bancarias de los granotas descendió sensiblemente en el verano de 2011 en comparación con el mismo período de 2010. Una circunstancia que, para Anticorrupción, resulta trascendental. Sin embargo, la magistrada habla de «una mera suposición sin base objetiva incuestionable».

La juez, en el auto, asegura que muchos de los jugadores del Levante han justificado el descenso de gastos. En cualquier caso, la Fiscalía está convencida de que hay base para procesar a los 42 investigados. Para presentar su recurso ante la Audiencia, se aferra a la idea de que las pruebas de la supuesta relación entre los 965.000 euros y los futbolistas azulgrana no deberían exigirse en la fase de instrucción, sino en un juicio oral.

Al mismo tiempo, la Liga y el Deportivo, como acusaciones particulares, también preparan el terreno. Admiten que, muy probablemente, apelarán dentro del plazo de cinco días. Permanecen a la espera de que sus respectivos asesores jurídicos analicen detenidamente el auto para definir el recurso. Cabe recordar que el triunfo del Zaragoza ante el Levante perjudicó al conjunto coruñés, que acabó descendiendo a Segunda.

El Levante, como institución, no ha estado investigada. Declaró su presidente, Quico Catalán, como testigo. De esta forma, el club de Orriols descarta cualquier tipo de reacción después de conocer el archivo.

La Audiencia Provincial, que puede tardar varios meses en dictar la resolución, tendrá la última palabra en esta causa. En caso de que confirme el sobreseimiento, no se podrá acudir a una instancia superior.

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