
Los plazos están bien marcados, muy apretados. Todavía hay numerosas cosas en el aire. Y la presión empuja. En el calendario de su despacho, el presidente del Levante tiene varias fechas marcadas en rojo. El concurso de acreedores en que se encuentra inmersa la entidad estima que en junio o julio tiene que cerrarse el convenio. Se trabaja con el cronómetro en mano. Las reuniones se suceden. Y para que el proceso marche según el reloj, en un mes debería estar firmado el protocolo de intenciones del Ayuntamiento.
Esas son las previsiones. Durante las últimas semanas, las conversaciones con el consistorio valenciano se han intensificado. Y, de momento, va por buen camino. Se espera cerrar a principios de marzo el compromiso de recalificación de los terrenos de Orriols. Mostrar sobre un papel la palabra del Ayuntamiento asegurando que, en un futuro, realizará el trámite urbanístico se trata de la principal garantía económica de cara a todos aquellos a los que el club les debe dinero. La deuda actual ronda los 90 millones de euros.
De esta forma, antes de un mes el Levante deberá decidir las características de las recalificación. Y es que el club va a hacer todo lo posible para que el futuro estadio permanezca en Orriols. Para ello, en lugar de vender toda la superficie, sólo entraría una parte dentro de la operación. El resto, se emplearía para levantar un coliseo más pequeño adaptado a las nuevas necesidades y aspiraciones.
La otra opción es cambiar de escenario y trasladarse a otra parte de la ciudad. Malilla, Alboraya, Xirivella y Las Moreras son los entornos que hay sobre la mesa. Pero el presidente azulgrana, Quico Catalán, tiene el sueño de no mudarse. Esto implicaría obtener unos beneficios inferiores por el traspaso de suelo. Menos metros, menos dinero. Aunque la entidad tiene en mente la posibilidad de crear una sociedad mixta con el Ayuntamiento y así abaratar los costes del nuevo campo. Todas estas dudas quedarán resueltas antes de un mes.
El protocolo de intenciones será el pilar fundamental del plan de viabilidad. Este informe, que presumiblemente estará listo dentro de dos meses, contendrá el programa de pagos que se le propondrá a los acreedores. En función de los recursos económicos que se podrán sacar a raíz de la recalificación, se diseñará una fórmula para saldar la deuda.
Y es que el concurso sigue avanzando. Queda muy poco tiempo para que concluya la fase común. Será entonces cuando el juez dicte la fecha de la junta de acreedores. En principio, se producirá en junio o julio. En esa asamblea, el consejo de administración deberá cerrar el acuerdo respecto a la quita y espera. Es decir, pactar con los afectados la rebaja del dinero que se les debe y el tiempo en que se les pagará. El gran objetivo es lograr un descuento del 50 por ciento y un plazo de ocho años. La única alternativa a la liquidación es alcanzar un entendimiento. Quico Catalán está convencido de que habrá un final feliz.
Hay mucho trabajo por delante y escaso margen de maniobra. Para llegar la día de la junta con todo bien atado, el consejo del Levante y los administradores concursales ya han empezado a negociar con los acreedores. No hay tiempo que perder. Sin embargo, con un protocolo de intenciones y un plan de viabilidad en la mano es mucho más fácil transmitir credibilidad. De ahí la urgencia.
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